Que el violentador pierda todo derecho de relación hacia la víctima, es una Iniciativa de protección a su integridad y a su vida misma, por eso propuse una reforma al artículo 193 del Código Penal del Estado. Se trata de una sanción legal en contra del sujeto activo.
La violencia ejercida en el núcleo familiar es un grave problema en México y en el estado, mismo que se coloca como el delito en los primeros lugares de incidencia, como se ve en las estadísticas oficiales.
Es un lastre social que se manifiesta de diversas formas, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y conlleva daños físicos y psicológicos, pérdida de autoestima, aislamiento social e incluso la muerte.
La sanción de perder todos los derechos con relación a la víctima es una medida que puede tener implicaciones significativas tanto para el sujeto activo como para la víctima. Esta medida implica privar al agresor de cualquier tipo de contacto, comunicación o interacción con la víctima, con el objetivo de proteger el bienestar y la seguridad de esta última.
Sin embargo, es importante considerar varios aspectos antes de aplicar esta sanción. En primer lugar, es fundamental garantizar que esta medida esté respaldada por el marco legal y sea proporcionada a la gravedad del delito cometido. Además, se debe evaluar cuidadosamente el impacto que esta sanción podría tener en ambas partes, especialmente en situaciones donde existan dependencias o relaciones familiares.
Aunado a lo anterior, la autoridad jurisdiccional debe proporcionar medidas de protección para la víctima.
Y en su caso programas de rehabilitación y reinserción para el agresor, con el fin de abordar las causas subyacentes del comportamiento violento y prevenir la reincidencia.
La medida de perder todos los derechos con relación a la víctima puede ser una medida necesaria en ciertos casos de violencia o delitos graves, pero debe ser aplicada de manera justa, equitativa y con el debido respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas.
La redacción del artículo 193, sería la siguiente:
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, en términos de lo establecido en la legislación civil aplicable.
El delito de violencia familiar fue el que más se registró en Chihuahua capital durante el 2023, ya que acumuló 3 mil 530 denuncias interpuestas ante las autoridades, cifra superior en un 9.4% al total de denuncias de 2022 que fue de 3 mil 226.
La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Chihuahua, comunicó que, durante 2023, el mes que registró más denuncias por violencia familiar, fue julio, pues hubo 402 querellas, mientras que diciembre, fue el mes que menos demandas registra, pues sumó 217.
En cuanto a las llamadas al número de emergencia 911, se muestra que 389 fueron por violencia familiar; 1,283, por violencia contra la mujer, y 137 por violencia de pareja.
Los casos de violencia familiar, también se segmentaron por colonias, con base en las carpetas de investigación, y en 2023, 62 de los casos en los que se abrió una carpeta de investigación, ocurrieron en la colonia Revolución.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y de organizaciones de la sociedad civil para abordar este problema, la violencia familiar sigue siendo un desafío importante en México. La falta de denuncia, la impunidad y la falta de recursos y servicios adecuados para las víctimas son algunos de los obstáculos que dificultan la erradicación de la violencia familiar, de ahí la importancia de políticas públicas que la frenen.
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