A través de una publicación en redes sociales posteada ayer, se supo que por medio del bufete “Arzate Abogados” familiares de una mujer y dos de sus hijos, así como una sobrina, quienes lamentablemente fallecieron al incendiarse su vivienda en el municipio de Aldama el pasado 13 de marzo, demandaron al Ayuntamiento de aquel lugar por 46 millones de pesos, acusando omisión de los elementos de Bomberos que arribaron al siniestro, quienes se negaron a ingresar a la vivienda para tratar de salvarlos, trascendiendo que ni con agua contaban para combatir las llamas.
Adrián Arzate Meléndez, licenciado que lleva el caso, explicó que procederán conforme a la Ley de Responsabilidades Patrimoniales del Estado debido al actuar irregular de los “tragahumo”, por lo que el responsable aquí, en dado caso -en propias palabras de Arzate Meléndez-, sería el Ayuntamiento como autoridad encargada de dicha área, esto a través de una demanda ya interpuesta por parte de los consanguíneos de las víctimas.
El asunto que compete aquí es que, si esta administración cometió el error de contratar a personas incompetentes para atender este tipo de situaciones, es justo que asuma su responsabilidad como tal y cubra dicho monto de salir favorecidos los familiares, pues no se trata de que los próximos encargados del Municipio “paguen los platos rotos”, más aún cuando el actual alcalde, Miguel Rubio Castillo, anda en campaña para una diputación federal por Morena, mismo que si aquí nunca ha puesto orden, pues menos lo haría si fuera elegido para el cargo en el Congreso de la Unión.
