Una estadounidense fue indemnizada con cuatro millones de dólares por un jurado de Colorado por daños y perjuicios, luego de que su casa fuera allanada por el Departamento de Policía de Denver (DPD) sin una orden y la investigación adecuada, y por un delito que no cometió.
De acuerdo con la organización Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda, el caso se remonta al 4 de enero de 2022, cuando un equipo de operaciones especiales (SWAT) se instaló en las afueras de la residencia de Ruby Johnson. A través de un altavoz, se le ordenó salir con las manos en alto.
Johnson, de 78 años, y quien ese momento vestía una bata, gorro y pantuflas, obedeció la orden mientras agentes con chalecos antibalas y armas automáticas registraban minuciosamente su domicilio. La Policía intentaba localizar un camión robado el día anterior que, según su dueño, contenía «dos drones, seis armas de fuego, 4.000 dólares en efectivo y un viejo iPhone 11», explicó el demandante.
La víctima, Jeremy McDaniel, utilizó la aplicación Encontrar (‘Find My’), integrada en los dispositivos de Apple, para intentar dar con el paradero de su teléfono, y así quizás también con el resto de los artículos. Como resultado, el sistema de rastreo determinó que su ubicación aproximada era en algún lugar del vecindario de la señora Johnson.
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Si bien ‘Find My’ advierte a sus usuarios que no puede identificar con precisión el sitio donde se encuentra un dispositivo perdido, el detective del DPD, Gary Staab, obtuvo una orden de cateo para la casa de la septuagenaria, que fue revisada y aprobada por el sargento Gregory Buschy. Ambos oficiales aparecen como demandados en el pleito.
«Sin sentido»
La ACLU alegó que el saqueo a la casa se basó en un documento que carecía de validez porque no estaba debidamente diligenciado. Staab no mencionó las limitaciones de la tecnología de Apple y el jurado concluyó que la orden que autorizaba el registro del predio no estaba respaldada por una causa probable. En el veredicto del caso, dado a conocer a principios de este mes, se determinó que Staab y Buschy habían actuado «con desprecio deliberado y sin sentido».
La Policía no solo violó la privacidad de la víctima y destruyó algunos bienes materiales durante su inspección, sino que le «arrancaron la sensación de seguridad en su propio hogar, lo que la obligó a mudarse del lugar», dijo Deborah Richardson, directora ejecutiva de la ACLU.
De tal modo, la Justicia le otorgó a Johnson 3,76 millones de dólares en virtud de una nueva ley de Colorado que permite a las personas demandar a la Policía por violaciones a sus derechos constitucionales estatales. Sin embargo, la semana pasada, una jueza de Denver elevó a 4 millones de dólares la indemnización, según pudo confirmar su defensa. «Aunque el resultado de este juicio no remediará completamente el daño de ese fatídico día, nos acerca un paso más a la justicia para ella y otras personas cuyas vidas han cambiado debido a la mala conducta policial», agregó Richardson.
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