El asesinato del médico pasante, Eric Andrade, en Durango ha movilizado a decenas de estudiantes a exigir justicia por el estudiante de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), así como a garantizar la seguridad del gremio, esencialmente, en zonas de alto riesgo de la República.
Fue el pasado 15 de julio cuando un sujeto bajo los efectos de las drogas ejecutó al joven de 24 años. El crimen suscitó al interior del Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo,, donde Eric prestaba su servicio social, el cual – según fuentes extraoficiales – estaba a punto de culminar.
Ante ello, el alma máter del estudiante occiso instruyó el retiro inmediato de todas y todos los médicos pasantes de servicio social (pertenecientes a la UAD Campus Durango y Campus Laguna) de las unidades que no garanticen la seguridad y el pleno ejercicio de la labor – de acuerdo a las exigencias de la propia comunidad.
El retiro de las y los estudiantes, agregó la Universidad, aplicará de igual manera en nosocomios donde se hayan reportado agresiones o cualquier acto que “amenace la seguridad o ejercicio libre de las funciones”.
Otra institución que también condenó el hecho y se sumó al desalojamiento de su comunidad fue la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
A través de un comunicado, la escuela declaró el retiro de las y los médicos pasantes que brinden su servicio social en unidades donde incumplan con los acuerdos de ley para su prestación. Esto, de igual modo, con mayor atención en zonas de mayor riesgo.
Según el artículo 6 de la Norma Oficial para la prestación del servicio social de medicina y estomatología, se exige coordinar con la institución educativa y las autoridades (estatales, municipales y locales) los mecanismos de protección a la integridad física de las y los pasantes durante la prestación del servicio social.
En tanto, el noveno apartado obliga – como requerimiento mínimo de infraestructura – garantizar seguridad en el campo clínico o en su defecto, un lugar en la localidad que cumpla con lo referido, sin costo para el pasante, cuando deba permanecer disponible después del horario de atención que corresponde al campo clínico.
Las precarias condiciones a las que el gremio de la medicina se somete día con día volvió a la mesa del debate tras la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para contratar médicos especialistas cubanos.
El decreto se instruyó bajo el argumento de que las y los especialistas mexicanos “no quieren brindar sus servicios” en las comunidades marginadas del país. Esto provocó el descontento del gremio, el cual rechazó la contratación y exigió el respeto a los procesos de designación de plazas.
Asimismo, volvieron a exponer las pésimas condiciones laborales, los sueldos bajos y la inseguridad que atenta, no sólo contra su labor, también contra su vida; especialmente, para quienes ejercen en ciudades “olvidadas” donde los enfrentamientos con grupos criminales son “el pan de cada día”.
“No hay quien proteja a los médicos (…) Los médicos se sienten olvidados y desprotegidos. (…) No pueden dejar de trabajar porque, ¿Quién ve a sus pacientes”, declaró para Infobae México Jackie López, directora y creadora de la primera agencia especializada en contenido de salud en español, Salud en Corto.
Una de las tantas víctimas de esta ola de violencia y negligencia fue Masiel Mexía Medina, médica anestesióloga del IMSS y quien fue asesinada por múltiples disparos en la comunidad de San Juanito, en la Sierra Tarahumara, de Chihuahua.
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